El Encuentro por una Seguridad Democrática y Popular que se celebró semanas atrás en el Congreso de la Nación planteó, entre otros temas, la continuidad de la cultura judicial de la dictadura cívico-militar en plena democracia, respecto de los crímenes que cometen las fuerzas de seguridad del Estado sobre pibes de sectores populares.
Este 8 de mayo Argentina celebrará por primera vez el Día Nacional Contra la Violencia Institucional. Se tratará de un encuentro político y cultural que reunirá a funcionarios del Estado, referentes de la lucha por Justicia y familiares de víctimas del accionar policial, de cara a la construcción de políticas integrales de seguridad que protejan a todos los sectores, especialmente a los jóvenes de barrios populares, el blanco preferencial de las balas policiales en nuestro país.
La Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba denuncia el accionar de la policía de esa provincia por su persecución hacia Natalia Suárez, sobreviviente de la trata de personas, y hacia su familia, ya que su hijo adolescente murió este fin de semana tras ser baleado por una agente.
El 12 de octubre se cumplieron 16 años del asesinato de Sebastián Bordón, perpetrado por la Policía de Mendoza. Un histórico acto se brindó en El Nihuil, San Rafael. Consistió en la colocación de placas en su memoria y en la del abogado Alfredo Guevara, quien logró recuperar su cuerpo el día que el joven hubiera cumplido 19 años. La enorme presencia de su mamá, Miriam Mabel Medina, y de las Madres de la Lucha ahondó el compromiso militante y del Estado contra la violencia institucional. El descubrimiento de una placa con el rostro de Sebastián, en el corazón del risco donde le arrebataron la vida, hizo del homenaje un encuentro sin parangón. Crónicas e imágenes dan cuenta de su importancia.
La desaparición seguida de asesinato de Sebastián Bordón en 1997 pasó a referenciar la continuidad de los hechos de violencia institucional que protagoniza la policía de Mendoza. Al cumplirse un nuevo aniversario de su aparición sin vida, la memoria del joven y la lucha contra la impunidad policial que impulsa su madre, Miriam Medina, serán homenajeadas este sábado en una serie de actos que tendrán lugar en San Rafael.
Más de 50 personas debatieron en Ia I Jornada de trabajo sobre Acceso a la Justicia y Violencia Institucional, convocada por la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el 21 de agosto en la UNCuyo. Funcionarias y funcionarios, autoridades y personal penitenciario, referentes sociales y universitarios, trazaron ejes para discutir y trabajar integralmente estas problemáticas.
Referentes sociales, universitarios y del campo de los derechos humanos, junto a funcionarias y funcionarios judiciales y políticos, debatieron sobre violencia institucional y acceso a la justicia. La UNCuyo fue anfitriona de la apertura facilitada por la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte. Diagnósticos de especialistas del CELS sobre la problemática y herramientas políticas y de conocimiento contra las violaciones a los derechos humanos.
El abogado Lautaro Cruciani, referente provincial de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, develó en su tesis de grado la inconstitucionalidad de la figura que permite a la policía detener a personas con el único fin de averiguación de antecedentes. La norma, que data de los años dictatoriales, viola un cúmulo de derechos basados en la libertad individual y la igualdad, además de promover las trampas de la estigmatización social.
En el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional se realizará en la Legislatura una jornada orientada a debatir sobre la problemática que afecta principalmente a jóvenes marginados socialmente, quienes constituyen el blanco fijo del abuso policial en la provincia. La lucha contra este flagelo quedó consolidada públicamente en un encuentro nacional que reunió por primera vez a familiares de víctimas y funcionarios del Estado la semana pasada en el Congreso de la Nación.
Organizadas por las agrupaciones estudiantiles Acción Pluralista y EPA las jornadas se dedicarán a debatir sobre la Reforma de la Constitución provincial y la Violencia Institucional.
Alfredo Guevara, integrante de la Mesa Nacional de la Campaña contra la Violencia Institucional, manifiesta su profunda preocupación por la situación del Juez mendocino Ramón Pérez Pesce, a quien se le ha iniciado un procedimiento para su destitución sólo por realizar acciones para evitar las detenciones arbitrarias en San Rafael.
El pasado lunes se iniciaron las inscripciones de las carreras terciarias para el ciclo lectivo 2013 en el “Normal Superior Mercedes Tomasa San Martín de Balcarce” y se exigió un arancel obligatorio. La falta de explicaciones de parte del rector Ramón Maluenda y la amenaza de no que se inscribiría a los alumnos derivó en una manifestación espontánea. La respuesta del comisario y el Juez fue la más dura y represiva.
Un Hábeas Corpus colectivo puso en evidencia graves falencias del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil de Mendoza (ex Cose). Desde la inspección ocular que realizaron dos miembros de la Suprema Corte de Justicia, se aceleraron una serie de gestiones tendientes a corregir pero, sobre todo, a constatar la práctica de la tortura contra jóvenes de entre 16 y 18 años.
Eduardo Toledo, especialista en derecho penal internacional e integrante de la Asociación de Derechos Humanos Xumek, se sumerge en la indignidad de nuestras cárceles poniendo en el tapete la inminente designación del Procurador Penitenciario.
Según el diagnóstico de la Asociación Xumek, a la incapacidad para diseñar y gestionar políticas públicas transformadoras se suma el apego a prácticas autoritarias de la policía local. Esa política arroja un saldo negativo para la vigencia de los derechos humanos en la provincia, siendo especialmente grave la situación de hacinamiento en las cárceles y los hechos de violencia institucional.